Por Hernán Cortiñas - Publicado originalmente en el N° 2 de la revista Sacapuntas en la Escuela - junio 2009
Hoy en día existen cinco proyectos de Ley de Educación para la Ciudad de Buenos Aires que tienen estado parlamentario, es decir que pueden ser votados por la Legislatura en cualquier momento. En esta nota proponemos hacer un breve recorrido por sus antecedentes y sus puntos centrales.
Lejos de los techos con humedad, de la falta de vacantes, y de los sueldos que no alcanzan. Lejos de las capacitaciones truchas, de las aulas superpobladas, y de la burocracia inútil. Lejos del frío sin estufas, de la desigualdad social, y de la falta de docentes. Lejos de proponer transformar el sistema educativo, superando la fragmentación y garantizando un financiamiento nacional suficiente. Lejos de democratizar su gobierno mediante órganos elegidos por la comunidad educativa. Lejos de levantar una educación realmente pública, gratuita, científica, laica, no dogmática y solidaria. Lejos de los problemas y lejos de sus soluciones están los
proyectos que abordaremos.
Una primera lectura de los cinco proyectos de ley nos preocupa, al notar la ausencia de un análisis sistemático de los problemas educativos en los fundamentos de los distintos proyectos. Lamentablemente, éste es, tan sólo, el primer indicio de que ninguno plantea introducir cambios significativos, en el sentido de dar una respuesta superadora a la crisis educativa en la educación pública de la ciudad. Esta falla grave nos lleva a preguntarnos cómo es que explican su razón de ser estas propuestas.
Todos los proyectos se justifican principalmente en el mandato de la Constitución de la Ciudad de sancionar una ley educativa porteña. En otras palabras, se preocupan más por el vacío legal que por el vaciamiento de la educación pública. Sin embargo, esta situación no es nueva, ya hace más de diez años que nuestra ciudad logró su autonomía. A lo largo de todo este tiempo los docentes y los estudiantes, junto al resto de la sociedad, hemos logrado parar, al igual que en Neuquén, una ley jurisdiccional que venga a aplicar a rajatabla la Ley Federal de Educación (LFE) a la que necesariamente hubiesen debido adecuarse por cuestiones de rango legal. Así hemos evitado que se modifique negativamente nuestro estatuto y la estructura educativa -alargando la primaria a 9 años- entre otras cuestiones. Lamentablemente, lo que no se pudo detener fue la descentralización, la privatización y el vaciamiento presupuestario.
En el 2007 se sanciona una nueva Ley de Educación Nacional (LEN). Si bien ésta marcó un cambio en el lenguaje utilizado (se dejan de lado algunos términos de claro tinte neoliberal, como “eficiencia”), en los hechos no implicó un cambio de rumbo en la política educativa. Como ejemplos de esta continuidad podemos remarcar varios puntos. Primero, no se plantea una mayor inversión educativa (las dos leyes marcan el 6% del PBI). Segundo, no se centraliza en el Estado Nacional la responsabilidad por la inversión educativa, permitiendo así desigualdades entre provincias. Y, tercero, no se garantiza la igualdad de oportunidades, ya que se mantienen los subsidios a las instituciones privadas, se deja abierta la posibilidad de escuelas por convenios con ONGs (charters), se permite la educación religiosa en establecimientos públicos/estatales y se desarrolla un circuito diferenciado de subsidios por proyecto a las escuelas públicas. Todo esto trajo como consecuencia los conflictos docentes que surgieron este año en la mayoría de las provincias. Tengamos en cuenta que éstos son producto, no sólo de problemas salariales sino, también, de la crisis en todas las dimensiones del sistema educativo nacional.
En este escenario, se inscriben los tres proyectos de ley de educación porteña del Frente para la Victoria (Asinelli, Suppa, Talotti) que siguen la línea de la LEN; el de Recrear (Meis) que sigue la línea, explícitamente neoliberal, de la LFE; y el proyecto de la Coalición Cívica (Olivera), que zigzaguea entre los dos modelos anteriores. Todos plantean la necesidad del diálogo y el debate; sin embargo, no se hace nada para garantizarlo. Hace falta que se establezcan las instancias necesarias para que se abra la participación real de los docentes, y del resto de la comunidad educativa, en la evaluación de la situación, la elaboración de las propuestas y su sanción (por medio de un plebiscito vinculante). Lamentablemente ésta no es la posición ni del gobierno local ni del nacional. Como muestra de la falta de predisposición a abrir la participación tenemos: a nivel local, la suspensión de las jornadas de reflexión; y a nivel nacional, la parodia de esas dos jornadas del 5 y 6 de julio del 2006 para debatir el proyecto de la Ley Nacional de Educación que ya estaba cocinado. En menos de tres meses y con sólo dos días de trabajo institucional es imposible que los docentes logremos construir propuestas superadoras.
Pasemos ahora a analizar el contenido de los cinco proyectos. En primer lugar, nos preocupan algunos artículos que ponen en riesgo los en el Estatuto Docente. El proyecto de Olivera dice: "El Poder Ejecutivo crea en el ámbito del Ministerio de Educación, en un plazo de treinta (30) días de promulgada la presente Ley, una comisión con representación de los docentes para el análisis, discusión y elaboración del anteproyecto de Estatuto del Docente". Aquí hay que tener en cuenta que no se explicita la proporción de la representación docente. El proyecto de Meis, claramente contra el derecho a huelga, indica: "Comprometerse a no interrumpir el ejercicio de su profesión salvo en casos excepcionales de fuerza mayo". Asimismo, plantea salarios según rendimiento "Percibir una remuneración justa por sus tareas y capacitación, que no podrá ser menor al salario mínimo, vital y móvil y a otros conceptos, y que podrá incrementarse por la consecución de los objetivos educativos que establezcan los reglamentos de cada unidad escolar".
En segundo lugar, no existe ningún proyecto que plantee una inversión educativa que permita construir y refaccionar las escuela necesarias, pagar sueldos dignos, y crear los cargos docentes suficientes para garantizar una educación de calidad. De esta forma, leemos respecto de la inversión en el proyecto de Meis: "una cifra no menor al veinticinco por ciento (25%) una cifra no menor al veintiocho por ciento (28%)". El resto de los proyectos ni siquiera menciona pisos presupuestarios. Esto sólo convalida la inversión de los años anteriores. Tengamos como referencia externa que muchas provincias establecieron pisos de entre el 30% y el 35%.
Además, en las diferentes propuestas la responsabilidad del Estado se diluye entre diversos sujetos. En el de Olivera -aunque en todos los proyectos de alguna manera también se diluye la responsabilidad estatal- podemos leer: "La responsabilidad compartida por el Estado, las instituciones educativas, los docentes, las
familias y la sociedad en su conjunto, con el fin de alcanzar una educación de calidad para todos los/las alumnos/as, independientemente de sus condiciones y circunstancias"
En tercer lugar, se sigue avalando la privatización del sistema educativo, dejando en manos del mercado y las empresas nuestras condiciones laborales y la formación de las futuras generaciones. En todos los proyectos puede leerse respecto del financiamiento a instituciones privadas: "Realizar aportes a los establecimientos de gestión privada, de acuerdo al artículo 25º de la Constitución de la Ciudad." También en todos los proyectos se indica que: "Las instituciones educativas de gestión privada pueden: Nombrar, promover, sancionar y remover a su personal". En el caso del proyecto Asinelli, se indica además que: "La Educación Secundaria debe vincular a los alumnos con el mundo de la producción y el trabajo, mediante la realización de prácticas educativas acordes y de pasantías".
En cuarto lugar, se asiste a la introducción de criterios mercantiles en la educación, pensándola más como la oferta de un servicio y la formación de recursos humanos, que como un derecho social. En Meis se lee: ”El sistema administrativo argentino -en especial el de educación-, en toda su historia, ha carecido de gerencias de alta calidad en los distintos planos de su actividad que desarrollen eficaz y eficientemente su cometido estratégico; por ello se impone la necesidad de formar administradores educativos". En el caso de Talotti, este requisito para becas implica no entender las problemáticas que afrontan los chicos en situación de vulnerabilidad socioeconómica: “Acreditar un rendimiento académico acorde a las exigencias de los programas de estudio”. En Asinelli, estas “secundarias de segunda” más que garantizar la igualdad de oportunidades, lo que hacen es legitimar su exclusión en la sociedad por medio de la segmentación educativa: “El Ciclo Básico de Formación Ocupacional está destinado a jóvenes entre 12 y 18 años de edad, con dificultades de adaptación al nivel secundario común”.
Finalmente, a los problemas urgentes la agenda educativa se le responde con promesas a largo plazo, o incluso con el silencio. Por ejemplo, el proyecto de Suppa propone: “…universal izar los servicios educativos destinados a niños y niñas de 4 (cuatro) años de edad, cubriendo la totalidad de la demanda en un plazo máximo de 8 (ocho) años”. ¿Cuántas generaciones más sin educación inicial vamos a permitir?
Éstas son sólo algunas de las cuestiones más preocupantes que aparecen. Sin embargo, en lo que hace a una política educativa, tan importante como lo que se prescribe es lo que se omite. En otras palabras, existe una gran ausencia de respuestas a los problemas que enfrentamos. Nada se dice de las aulas superpobladas, de la
falta de docentes o de nuevos cargos para los gabinetes. A la falta de escuelas, de secciones, de jardines, y a los edificios que se caen, tampoco se ofrecen respuestas concretas, ya que no se garantiza el presupuesto necesario. No se plantean cambios en la forma de gobierno, abriendo una participación real a toda la comunidad educativa, ni se diseña un plan serio de capacitación en servicio y espacios de reflexión.
Abordar cada uno de todos los ejes abordados en profundidad, planteando otras propuestas posibles, es una tarea pendiente de los docentes comprometidos con la educación pública, laica y gratuita. Hoy en día nos encontramos frente a una encrucijada: o tomamos la educación en nuestras manos, o seguiremos padeciendo lo que otros decidan. Sólo siguiendo la primera de las opciones se podrá construir una política educativa que responda a los problemas reales, y que efectivamente se lleve adelante.
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